Necesariamente Incómoda | Feminicidio en México: el maquillaje de la tragedia y el falso triunfo oficial
GRACIELA MACHUCA MARTÍNEZ
- El dolor de los colectivos feministas expone hoy una de las tácticas más crueles y cínicas de la burocracia: cuando el gobierno es incapaz de detener los feminicidios, simplemente decide cambiar la forma de contarlos. En un escenario de crisis constante, las autoridades federales y estatales han emprendido una campaña para «maquillar» las cifras, intentando sacar la violencia de género de la agenda de prioridades nacionales bajo la falsa narrativa de que el problema está resuelto.
Cuetzalan: Un Grito en el Vacío Institucional
El reciente pronunciamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red de Organizaciones para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas (RODMI), Consorcio Oaxaca y la Red Nacional de Abogadas Indígenas, desnuda una emergencia letal. Entre el 22 de marzo de 2022 y el 2 de septiembre de 2026, Cuetzalan acumula diez feminicidios, alcanzando una tasa acumulada de 38.89 por cada 100 mil mujeres, culminando recientemente con el brutal asesinato de las hermanas Isabel y María en la comunidad de Cuamayta.
A siete años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Puebla, el abandono es insultante. El mecanismo carece por completo de perspectiva intercultural, dejando a las comunidades indígenas sin peritos ni acceso a instituciones de justicia. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) lleva un año y ocho meses sin sesionar, y el destino de más de 7.1 millones de pesos asignados sigue en la opacidad total.
La crisis se agrava ante la actitud de la actual administración estatal. Recientemente, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha solicitado revisar las condiciones para un posible «retiro» o levantamiento de la Alerta de Género en los 50 municipios poblanos, presumiendo y adjudicándose una supuesta disminución del 40.5% en los feminicidios. No obstante, organizaciones de la sociedad civil denuncian que no existen condiciones reales para levantar el mecanismo, ya que la violencia letal sigue imparable en las regiones más vulnerables.
El «Maquillaje» Federal: Cambiar la Metodología para Ocultar la Realidad
La exigencia del OCNF choca de frente con la cuestionable estrategia de las autoridades federales emanadas de MORENA. Con la finalidad de construir la percepción de que los delitos bajan, el gobierno ha decidido alterar la metodología de documentación oficial. Mediante el nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID) implementado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2026, se modificaron drásticamente los criterios de clasificación vigentes en la última década, lo que imposibilita hacer comparaciones históricas reales y transparentes.
Esta «reconfiguración» estadística coincidió de manera muy conveniente con el anuncio oficial de reducciones del 40% en delitos de alto impacto a nivel federal. En la práctica, esto representa una orden institucional de esconder la sangre bajo la alfombra: al fragmentar carpetas, cambiar criterios y clasificar las muertes de mujeres bajo otros delitos, el Estado justifica que la violencia feminicida va a la baja y elimina el tema de sus prioridades presupuestales y políticas.
Quintana Roo: Cifras Negras, Simulación y Desplazamiento
Esta misma lógica de manipulación burocrática se reproduce a nivel estatal, siendo Quintana Roo un claro ejemplo. La AVGM declarada en 2017 es hoy un mecanismo de simulación caracterizado por «sesiones sin dictámenes».
El subregistro es alarmante: la Fiscalía General del Estado (FGE) clasifica sistemática y apresuradamente las muertes violentas de mujeres como «homicidios dolosos» o «suicidios», vinculándolos al crimen organizado para no agotar los protocolos de género. Mientras la estadística gubernamental presumió en 2024 una «baja» oficial del 29% con solo 12 carpetas de feminicidio, ocultaron que paralelamente se recibieron más de 25,000 llamadas de auxilio por violencia familiar.
Peor aún, las estimaciones civiles y el Atlas de Violencia de Género advierten que, de medirse correctamente, la cifra de muertes violentas asciende a más de 430 casos históricos acumulados. Al inflar las cifras negras, el gobierno esconde que la violencia, lejos de desaparecer, se ha enquistado en diferentes sectores de la sociedad y áreas geográficas y socioeconómicas.
La violencia no se distribuye de manera uniforme; se concentra en polos de desarrollo turístico masivo y colonias periféricas con graves carencias de servicios, alumbrado y presencia policial.
Playa del Carmen es considerado uno de los fraccionamientos habitacionales con mayor densidad y principal foco rojo de violencia doméstica y agresiones de género en todo el estado. ¿
Regiones Periféricas de Cancún (Benito Juárez): Zonas como la Región 259 (Fraccionamiento Villas Otoch Paraíso) y las Regiones 225 y 251 registran tasas críticas de homicidios y feminicidios vinculados tanto a violencia comunitaria como a entornos familiares.
Los datos geoespaciales han encendido alarmas en municipios insulares y del sur. En Cozumel, la violencia intrafamiliar escaló significativamente, pasando de 1,328 reportes en 2019 a 1,760 casos. Asimismo, la presión social obligó a acumular solicitudes de Alerta para los municipios de Othón P. Blanco (Chetumal) y Tulum.
Exigencias Ineludibles
La Alerta de Violencia de Género no puede seguir siendo un decreto de papel ni una chequera sin fondo. Ante el cinismo institucional, las exigencias son claras:
Perspectiva de Género Inicial y Obligatoria: Reformas inmediatas a los códigos de procedimientos para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de origen bajo el protocolo de feminicidio, deteniendo el archivo exprés de casos bajo el pretexto del narcotráfico.
Planes de Emergencia Locales: Se exige a los municipios, especialmente en zonas indígenas como Cuetzalan, Puebla, establecer planes verificables, con presupuestos públicos y contratación de personal capacitado de tiempo completo, ajeno a desvíos de funciones.
Alto al subregistro oficial: La vida de las mujeres no debe estar sujeta a metodologías a modo diseñadas para aplaudir los supuestos logros de una administración.
Modificar la forma de contar los feminicidios no revivirá a las víctimas ni detendrá a los feminicidas; solo certifica la complicidad, el machismo y la impunidad del Estado. Las mujeres indígenas, así como las víctimas de zonas suburbanas y urbanas no pueden seguir esperando.
