Observatorio/¿Peras al olmo?/Por Mario Martini

Por Mario Martini

¿A quién conviene que el gobierno y legisladores de México sigan negándose a controlar legalmente la producción, distribución y venta de todas las drogas? ¿Por qué diputados y senadores no legislan para regular la producción de toda la cadena productiva de drogas cuando en México el consumo está permitido en dosis específicas por la  Ley General de Salud?

¿Cuántos juicios de extinción de dominio se han promovido contra el imperio financiero del crimen organizado desde 2019 cuando fue aprobada la Ley Nacional de Extinción de Dominio que entre otros alcances determina “combatir la corrupción y el crimen organizado, afectando el patrimonio de los delincuentes y recuperando bienes que son producto o instrumento de delitos como el tráfico de drogas, trata de personas o lavado de dinero”?

Desde hace muchos años, la Ley General de Salud permite el consumo personal en las siguientes dosis máximas:
– Cannabis: 5 g
– Cocaína: 500 mg
– Heroína: 50 mg
– Opio: 2 g
– LSD: 0.015 mg
– MDMA, metanfetamina: hasta 200 mg

No es casualidad que estas omisiones hayan beneficiado a los carteles que durante tres décadas se fortalecieron hasta niveles de guerra: fusiles de asalto, drones, granadas, minas terrestres, misiles, vehículos blindados, redes urbanas de video-vigilancia, centros de monitoreo, laboratorios altamente tecnificados para elaborar metanfetaminas y fentanilo, enormes bodegas de precursores químicos y todo un aparato logístico-militar que compite con las capacidades del  Estado que tiene, en el papel, el monopolio de la violencia.

No se trata de inventar el hilo negro ni ponerse creativos, hay ejemplos que pueden servir para no partir de cero. Portugal redujo en casi 50% las condenas por tráfico tras despenalizar el uso y posesión para dosis personales entre 2001 y 2015, reorientando los recursos en salud y prevención que tanta falta hacen en México para parecernos a Dinamarca. En Canadá, después de legalizar el cannabis recreativo, las infracciones por posesión disminuyeron un 85% entre 2017 y 2020 y creció el mercado regulado, debilitando al mercado negro y fortaleciendo la estructura fiscal del gobierno.

Si el Congreso de la Unión y el Ejecutivo no avanzan hacia ese escenario, se debe también a que los ciudadanos -consumidores o defensores de derechos- no empujan la agenda, visibilizando el tema, como la creación de zonas de tolerancia para cannabis y visibilizando el tema, obligando al debate público y la regulación integral y al mismo tiempo organizándose  para exigir la aplicación de juicios de extinción de dominio que debiliten estructuras financieras de las organizaciones criminales y promover foros abiertos con especialistas para romper el tabú del prohibicionismo.

Colombia y México son laboratorios del fracaso evidente de la guerra contra las drogas. La sangría nacional desde la década de 1970 ha probado que la salida no es más plomo ni lucha a bayoneta calda:

El camino es por otro rumbo:

• – Inteligencia para desmantelar las redes desde adentro.
• – Juicios de extinción de dominio contra lavadores de dinero.
• – Regulación legal de toda la cadena productiva de drogas para administrar el negocio; y aunque el gobierno es un pésimo administrador (de Conasupo a Segalmex), es preferible tener algún tipo de control que no tenerlo como hasta ahora.
• – Presión ciudadana, desde el uso abierto hasta la desobediencia civil pacífica para obligar a diputados y senadores reactivar todas las iniciativas que permanecen desde hace años  en la congeladora legislativa.¿Realmente será así de sencillo o de plano estoy pidiendo peras al olmo?

Saludos cordiales

MM