Observatorio | Callejón sin salida

• Miles de restos humanos esperan nombre mientras las madres siguen encontrando más.

Por Mario Martini

El 8 de marzo de 2023 escribí una reflexión titulada ¿Qué falta cometen las madres que buscan a sus hijos?. Era una pregunta provocadora, porque en cualquier sociedad democrática la respuesta tendría que ser evidente: ninguna. Buscar a un hijo desaparecido no constituye un delito; es la expresión más elemental del amor y del derecho humano a conocer la verdad.

Tres años después, la realidad superó cualquier profecía.

Hoy esas madres enfrentan un dilema devastador que jamás imaginaron: ¿vale la pena seguir encontrando cuerpos cuando el sistema encargado de identificarlos está geométricamente rebasado? Es, para mejor describirlo, la muerte agolpada en un embudo que filtra gota a gota.

La pregunta es brutal porque da en el centro del corazón de la búsqueda. Y la paradoja es todavía más dolorosa: encontrar más cuerpos ya no necesariamente acerca a las familias a la verdad; en muchos casos las aleja y prolonga su incertidumbre.

Mientras las brigadas de búsqueda localizan fosas clandestinas y recuperan restos humanos, los servicios periciales acumulan miles de expedientes pendientes. Cada nuevo hallazgo representa esperanza para una familia, pero también incrementa el enorme rezago forense que mantiene a cientos de cuerpos sin nombre en cámaras frigoríficas, fosas comunes o laboratorios saturados. Y ante esta crisis solo quedan evidencias, un suéter, un relicario, un zapato, alguna medalla, que profundizan la incertidumbre. ¿Será o no será?

En Sinaloa esa contradicción ya alcanzó dimensiones alarmantes. Los colectivos de búsqueda estiman que desde septiembre de 2024 han desaparecido alrededor de seis mil personas, cifra que duplica los registros oficiales.

Paralelamente, el estado acumula más de 2 mil 300 cuerpos, restos humanos y osamentas sin identificar. Solamente en Mazatlán permanecen bajo resguardo más de 500 cuerpos sin nombre.

Dramático dilema

Con una década de experiencia en campo, la búsqueda ciudadana ha demostrado ser extraordinariamente eficaz, pero al mismo tiempo exhibe el fracaso del siguiente eslabón.

Las madres han aprendido arqueología improvisada, antropología de campo, investigación forense, orientación, primeros auxilios y protocolos de preservación de indicios. Han desarrollado capacidades que deberían pertenecer al Estado.

Sin embargo, después de recuperar los restos comienza un proceso infinitamente más lento: genética, confrontas de ADN, dictámenes periciales, integración de expedientes y entrega digna de los cuerpos.

Ahí aparece el verdadero cuello de botella: la tragedia dejó de estar entre cerros, laderas o zanjas. Ahora también habita en los laboratorios.

Hace años pregunté por qué las autoridades parecían incómodas con las búsquedas ciudadanas. En aquel texto planteaba una hipótesis incómoda: mientras no aparezca el cuerpo, muchas desapariciones permanecen fuera de las estadísticas de homicidio.

Hoy el problema adquirió otra dimensión. El Estado mexicano ya no sólo enfrenta el costo político de encontrar más víctimas. También enfrenta la incapacidad material para identificarlas.

Cada osamenta localizada incrementa la presión sobre laboratorios que trabajan al límite, sobre ministerios públicos rebasados y sobre servicios médicos forenses que dejaron de crecer al ritmo de la violencia.

Y las madres buscadoras no provocaron esa crisis, pero la hicieron visible. Y justamente ahí radica su aportación social…y su pecado.

Sabuesos Guerreras, encabezado por cuarta vez por María Isabel Cruz Bernal, acaba de anunciar la continuidad de proyectos como “Voces que Buscan”, orientados al acompañamiento legal y psicosocial de las familias. La organización comprende que la búsqueda no termina cuando aparece un cuerpo; es entonces cuando comienza otra batalla igual de dolorosa: volver a bautizar a los suyos.

Por eso hoy el reclamo de los colectivos resulta completamente razonable: antes de abrir nuevas exhumaciones masivas, las autoridades deben acelerar la identificación genética de los miles de restos que ya resguardan.

Trabajemos con los que ya encontramos”, coinciden colectivos de búsqueda

No se trata de dejar de buscar. Se trata de impedir que la esperanza quede archivada en una gaveta forense durante cinco o diez años porque una osamenta sin identificar sigue siendo, para una madre, otro motivo de congoja. Y un Estado incapaz de devolver un nombre termina prolongando el delito mucho después de haber ocurrido.

Quizá la pregunta que hice hace tres años ya no sea únicamente ?qué falta cometen las madres que buscan a sus hijos? Las baterías deben orientarse al Estado mexicano: ¿de qué sirve encontrar a los desaparecidos si el sistema no tiene capacidad para devolverles su nombre?

Porque la búsqueda continuará, pero lamentablemente el desasosiego también. Duele.

Saludos cordiales

MM

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