Mazatlán, Sinaloa | 10 abril 2026 | Mario Martini
Han transcurrido 15 días del colapso en la mina Santa Fe, en Cacalotán, sierra media de El Rosario, y el silencio oficial pesa más que el lodo. Nadie ha explicado qué ocurrió, por qué ocurrió y, sobre todo, quién responde por lo ocurrido. En México, cuando la tierra se abre, también deberían abrirse expedientes criminales, pero rara vez se termina castigando a los responsables.
¿Fue una presa de jales mal ubicada, mal supervisada o, peor, tolerada en condiciones que rozan lo criminal? La pregunta no es técnica, es ética. Y la respuesta no puede seguir enterrada bajo comunicados intermitente, dubitativos e imprecisos..
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa debe informar si ya abrió carpeta y bajo qué líneas: aquí no hablamos de un “incidente”, sino de posibles responsabilidades penales que, en lenguaje llano, apuntan al homicidio culposo.
A esta hora, ni siquiera hay claridad plena sobre la identidad de uno de los cuerpos en el SEMEFO de Mazatlán. La dilación también duele porque retrasa duelos, provoca la incertidumbre familiar, diluye responsabilidades y normaliza que los nombres se pierdan en la estadística. ¿Se trata de Abraham Aguilera o de Leandro Beltrán?
Tampoco hay información pública, verificable y suficiente sobre las obligadas indemnizaciones, bajo el criterio de que la reparación del daño no es dádiva ni gesto de buena voluntad empresarial; es una obligación legal y moral. Si hubo falla, hay responsables; si hay responsables, hay que responder.
La cronología ya es conocida: el colapso de la presa de jales, que almacenan lodos y residuos del procesamiento de oro y plata, ocurrió el 25 de marzo. Veinticinco trabajadores quedaron atrapados; la mayoría logró salir en las primeras horas; unos cuantos días después vino el rescate de un trabajador y, contra todo pronóstico, 336 horas después, ocurrió el “milagro” de encontrar con vida a Francisco Zapata Nájera. Luego, la tragedia: un cuerpo flotando en el agua sin vida y la persistencia de la búsqueda del último minero. Esperanza y tragedia en la misma línea de tiempo.
Pero la narrativa no puede agotarse en el heroísmo del rescate, que lo fue. El foco humanitario es imprescindible, sí, pero no debe eclipsar la rendición de cuentas. Porque si el país aplaude el rescate y olvida la causa, el ciclo volverá a repetirse. Y entonces no aprendimos nada, como nada hemos aprendido de otras tragedias mineras en el país.
¿Qué sigue?
Por lo menos 3 rutas mínimas, verificables y urgentes:
Uno, informe técnico público e independiente sobre la presa de jales y las condiciones de operación de la mina.
Dos, carpeta de investigación con avances periódicos, nombres y responsabilidades, sin eufemismos.
Tres, esquema de reparación integral a víctimas y familias: indemnización, atención médica y acompañamiento legal, con plazos y montos transparentes.
La historia, diría el Mago Septién, no termina hasta que cae el último out. En Santa Fe todavía no cae. Falta encontrar al último trabajador, sí, pero también falta encontrar a los responsables.
¿Quién responde por Santa Fe? Esa es la pregunta que no puede seguir sin respuesta.
Saludos cordiales
MM
Nota al pie: La mina Santa Fe es operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa.
Intégrate: