Necesariamente Incómoda | El triunfo silenciado de víctimas de trata de personas | Graciela Machuca Martínez
Por Graciela Machuca Martínez / CAMBIO22
A menudo, la opinión pública es moldeada por narrativas mediáticas estridentes que, cobijadas por el poder político, logran transformar a los victimarios en mártires. Sin embargo, la reciente e histórica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha venido a desmantelar una de las operaciones de lavado de imagen más complejas de los últimos años, devolviendo la dignidad a quienes verdaderamente la habían perdido: las 27 víctimas de explotación sexual y trata de personas del centro nocturno Solid Gold.
En el epicentro de esta batalla legal que duró más de una década, se encuentra la doctoranda María Teresa Paredes Hernández, consejera nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Su testimonio y su persistencia no solo desafiaron a las más altas esferas del poder empresarial y político, de México, sino que impidieron que el olvido y la manipulación sepultaran el sufrimiento de decenas de mujeres. A ella le correspondió llevar la defensa de tres de las víctimas de este caso.
El infierno detrás del lujo: el paradigma de Solid Gold
El caso comenzó formalmente en el año 2012. Solid Gold no era un simple establecimiento nocturno; era un enclave de impunidad en la capital del país cuyos socios ocultos incluían a políticos de alto perfil y empresarios de gran peso económico, considerados por años como seres “intocables”.
Detrás de las luces y el dinero se escondía una red transnacional de trata de personas.
El operativo policial de la Fiscalía General de la Ciudad de México, logró rescatar a 27 mujeres de diversas nacionalidades y edades, quienes permanecían cautivas en condiciones de explotación absoluta, distribuidas en casas de seguridad controladas por la organización.
Mapear jurídicamente este caso representó un desafío sin precedentes. Mientras la maquinaria del lugar operaba para proteger a las cabezas del negocio, la fiscalía centró parte de sus acusaciones en los operadores financieros y administrativos esenciales para el funcionamiento de la red. Entre ellos se encontraba Claudia Sánchez Mayorga.
Abogada que desafió al poder de la delincuencia organizada
Acompañar a las víctimas de trata en México es una actividad de altísimo riesgo. La abogada Teresa Paredes no solo se enfrentó a un sistema judicial burocrático y hostil, sino a amenazas reales contra su vida.
El momento más crítico de la secuela procesal ocurrió durante un desahogo de pruebas en el estado de Morelos. La defensa de los acusados había forzado un careo con una de las víctimas en un Juzgado de Distrito. Mientras se desarrollaba la diligencia, un hombre fuertemente armado irrumpió en las instalaciones judiciales con la orden explícita de asesinar a la víctima.
La rápida reacción de la abogada Paredes salvó sus vidas:
Yo me metí al baño… la víctima también me siguió. Cuando salgo, mi chofer, en shock, me dice: ‘Las están buscando, este va con una pistola’. Nos refugiamos en la oficina del Juez de Distrito.”
Desde el interior del juzgado sitiado, Teresa Paredes logró comunicarse con la organización civil que la respaldaba. La emergencia llegó a oídos de Manelich Castilla Craviotto, entonces Comisionado de la Policía Federal, quien desplegó un operativo relámpago sumamente milimétrico. Policías federales fuertemente armados ingresaron al tribunal, extrajeron a la abogada y a la víctima, y las trasladaron a la Ciudad de México mediante un esquema de cambio constante de vehículos.
A pesar del atentado y del terror implantado, la alianza entre la abogada y las víctimas jamás se fracturó: “Nos sosteníamos mutuamente. Ella a mí porque yo veía su sufrimiento y que siempre luchó; y yo a ella porque desde un principio la contuve de su miedo y la apoyaba “, relata Paredes.
Las “Dos Caras” del caso: la construcción del chivo expiatorio
A partir de 2022, el caso Solid Gold sufrió una violenta distorsión mediática. Claudia Sánchez Mayorga, tras recibir múltiples sentencias condenatorias consecutivas que ratificaban su culpabilidad, modificó su estrategia. Apoyada por figuras públicas, periodistas de alto perfil y reclusas mediáticas como Rosario Robles, construyó una contra narrativa sumamente potente.
Ante los micrófonos de televisión y radio, Sánchez Mayorga se presentó como una simple “maestra y empleada administrativa de las mañanas” que desconocía lo que ocurría en el establecimiento. Denunció haber pasado 9 años presa sin sentencia (omitiendo que los retrasos se debieron a las múltiples apelaciones y reposiciones promovidas por su propia defensa), haber dado a luz en un penal de varones y haber sido víctima de tortura institucional. Su narrativa de victimización fue tan cruda que llegó a enviar una carta al presidente de la república solicitando la eutanasia ante la supuesta “porquería de la justicia local”.
Esta historia fue “comprada” y apadrinada políticamente por el entonces Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Bajo la bandera del debido proceso y la defensoría pública, Zaldívar se reunió con Claudia, asumiendo públicamente su inocencia sin haber escuchado jamás a las mujeres explotadas. El peso de la presidencia de la Corte influyó para que un Tribunal Unitario revocara la sentencia y dictara la inmediata libertad de Claudia a finales de 2022. Los medios celebraron la liberación como una victoria contra la injusticia del Estado. Las víctimas reales nunca fueron escuchadas y fueron invisibilizadas por completo.
La batalla final en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Decidida a limpiar su nombre de manera definitiva y buscando una absolución total, la defensa de Claudia Sánchez Mayorga interpuso un amparo directo en revisión que, por su trascendencia, fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que la defensa de Sánchez Mayorga no previó fue la firmeza de la abogada Teresa Paredes Hernández. Aprovechando los relevos institucionales dentro de la Corte, Paredes solicitó formalmente audiencias para las víctimas ante las nuevas ponencias del Máximo Tribunal. Por primera vez en años, el Ministro Ponente Arístides Guerrero escuchó directamente el testimonio de las mujeres sobrevivientes, confrontando los documentos ministeriales con la campaña mediática de la televisión.
El Ministro Arístides Guerrero asumió el análisis con un enfoque estricto de perspectiva de género y centralidad de las víctimas. Su proyecto determinó que los testimonios de las mujeres tratadas eran consistentes, veraces y de un valor probatorio ineludible, demostrando que Claudia Sánchez Mayorga no era un eslabón ajeno, sino un elemento operativo que se benefició directamente de la explotación sexual ajena.
En una sesión que marca un precedente histórico para la justicia en México, el Pleno de la SCJN votó. A pesar del voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Sara Irene Luz Quiroz, los votos concurrentes del ministro Arístides y la ministra Lenia Batres consolidaron la mayoría: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Claudia Sánchez Mayorga es penalmente responsable del delito de beneficio a la explotación sexual.
El impacto de la sentencia y la agenda pendiente
Con esta resolución de la SCJN, los recursos legales de Claudia Sánchez Mayorga se han agotado de manera definitiva. A los ojos de la justicia constitucional en México, es culpable. Legalmente, cuenta con un saldo pendiente de 6 años de prisión por cumplir, convirtiéndose formalmente en una prófuga de la justicia si no se presenta a ejecutar su sentencia.
Para la abogada Teresa Paredes, el beneficio de esta sentencia va mucho más allá del castigo penal.
Reparación Integral del Daño: Obliga tanto al Estado mexicano como a la propia Claudia Sánchez Mayorga a indemnizar económicamente y proveer rehabilitación integral a las víctimas sobrevivientes.
Reactivación de Órdenes de Aprehensión: La resolución valida la totalidad de la causa penal, lo que reactiva la búsqueda de otros implicados. De hecho, apenas dos días después del fallo, las autoridades federales detuvieron a otro de los involucrados clave de la red de trata.
Efecto Dominó sobre los “Cuidadores”: Esta sentencia sepulta los amparos de las denominadas “mamis” y “papis” (los encargados de vigilar, someter y administrar diariamente a las mujeres en las casas de seguridad), cuyas sentencias condenatorias ahora quedan firmes.
La deuda histórica con las víctimas deportadas
Finalmente, Teresa Paredes hace un enérgico llamado respecto a las anomalías cometidas por el propio Estado mexicano en los inicios del caso. Alrededor de la mitad de las 27 mujeres rescatadas eran extranjeras y fueron deportadas de manera exprés bajo la administración de la entonces PGR, violando de forma flagrante el Protocolo de Palermo, el cual exige la protección, permanencia y asistencia social de las víctimas de trata en el país donde fueron víctimas, para que accedan a la justicia.
Hoy, con la verdad legal establecida por la Suprema Corte de Justicia, el siguiente paso de la sociedad civil y las autoridades de atención a víctimas debe ser la localización internacional de aquellas mujeres deportadas para que regresen y reclamen la reparación del daño que por derecho les corresponde. La justicia tardó catorce años, pero gracias a una defensa técnica inquebrantable, la verdad de las víctimas prevaleció por encima del poder político y los reflectores de la prensa.
El caso del centro nocturno “Solid Gold” representa uno de los procesos judiciales más emblemáticos, polarizados y contradictorios de la última década en México. Por un lado, la historia de una mujer que pasó 9 años en prisión denunciando atrocidades por parte del sistema judicial; por el otro, el firme reclamo de víctimas de trata internacional representadas por la abogada Teresa Paredes.
Frente a la narrativa de Claudia, se erige el testimonio documentado por la abogada María Teresa Paredes Hernández, representante legal de las verdaderas víctimas de trata del Solid Gold.
Paredes describe al Solid Gold no como un simple “table dance”, sino como una mafia internacional sumamente organizada que captaba a mujeres vulnerables en extrema pobreza de Colombia, Venezuela y Europa del Este. Les prometían trabajo de bailarinas o escorts ” sin sexo, ni drogas” bajo contratos formales, pero al llegar a México con “listones” que les daban paso libre en migración, les quitaban los pasaportes, las endeudaban y las encerraban en casas de seguridad en la Zona Rosa.
Teresa Paredes y las víctimas siempre sostuvieron que Claudia no era una simple administrativa inocente. Según el testimonio judicial de las víctimas rescatadas, Claudia fungía como mánager y mano derecha de la gerencia.
Ella daba instrucciones al DJ para que por altavoz usando códigos (ej. “diamante”) diera la señal para que las mujeres se escondieran si había operativos.
Era quien ordenaba a “las mamis y los papis” (cuidadores) llevar a las mujeres al baño, ponerlas en cuclillas y hacerles revisiones invasivas (introduciendo dedos en la vagina) para asegurar que no robaran dinero de propinas o servicios.
Utilizaba tácticas de terror psicológico, mostrando a las víctimas fotos de mujeres asesinadas y descuartizadas en el mismo lugar donde a ellas las obligaban a vivir, para mantenerlas sometidas.
Cronología Jurídica hasta la sentencia de la SCJN
El camino de Paredes para lograr justicia fue un constante enfrentamiento contra la corrupción y el poder político.
El Rescate Inicial (2013): Una joven colombiana de 18 años, para evitar ser prostituida, metió el pie en un elevador para lastimarse y ser llevada al Hospital de Xoco. Allí, pidió ayuda a un técnico de Rayos X, lo que detonó un operativo en la Zona Rosa donde se rescataron 27 mujeres extranjeras. Teresa Paredes y su equipo asumieron la protección y representación legal de víctimas clave que decidieron declarar.
Diligencias de Alto Riesgo: Para proteger el caso de las complicidades en la Ciudad de México, Paredes y las víctimas viajaron a Matamoros para desahogar pruebas. Allí sufrieron intimidaciones en una zona controlada por el crimen organizado y los militares.
La Primera Sentencia y la Revocación (2022): Tras años de desahogo de pruebas, Paredes logró sentencias condenatorias firmes contra Claudia. Sin embargo, la mediatización del caso y la intervención directa del entonces Ministro Arturo Zaldívar (quien asumió que Claudia era un “chivo expiatorio” sin escuchar a las víctimas) derivó en que un Tribunal Unitario revocara la sentencia y liberara a Claudia.
La abogada de, tres, de las víctimas concluye señalando la urgencia de reparar el daño a las mujeres que quedaron “muertas en vida” por esta red internacional
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