Gobierno federal abre revisión de planteamientos comunitarios sobre proyectos en Ohuira
Acuerdan mesas de trabajo, inspección ambiental y diálogo con la empresa responsable
LOS MOCHIS, Sinaloa | 12 junio 2026 | Valentina Ramírez
El gobierno de México acordó establecer una ruta de trabajo interinstitucional para revisar los planteamientos de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales y especialistas sobre la situación ambiental, social y productiva de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo.
El acuerdo fue alcanzado durante una reunión celebrada en Los Mochis, donde participaron dependencias federales, autoridades estatales y representantes comunitarios, en un proceso que marca uno de los acercamientos institucionales más relevantes desde que se intensificó el debate público sobre los proyectos de inversión previstos para la zona costera del norte de Sinaloa.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que la ruta de trabajo contempla la continuidad de las mesas de diálogo, una inspección actualizada por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acercamientos con la empresa responsable del proyecto y el respeto al derecho de manifestación de las comunidades.
Profepa revisará situación actual de las obras
Como parte de los acuerdos, la Profepa realizará una inspección para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
La revisión ocurre en un contexto donde diversas organizaciones civiles, especialistas y habitantes de la región han expresado preocupaciones sobre los posibles impactos acumulativos de proyectos industriales en un ecosistema considerado estratégico para la pesca, la biodiversidad y el equilibrio hidrológico de la bahía.
La titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, subrayó que las autorizaciones ambientales no eximen a los promoventes de cumplir permanentemente con las condiciones establecidas por la autoridad.
Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, señaló.
Comunidades plantean preocupaciones ambientales y territoriales
Durante el encuentro, representantes comunitarios expusieron inquietudes relacionadas con la conservación de ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua, el saneamiento, la protección de sitios de importancia ambiental, la administración de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y los mecanismos de consulta y participación social.
También participaron representantes de Semarnat, Profepa, INPI, Conagua, Conapesca, Sader, Semar, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Economía autoridades del gobierno de Sinaloa y el presidente de la Comisión Estatal de Detechos Humanos, Oscar Loza Ochoa, quien han mostrado su respaldo a los pueblos originarios tanto en su calidad de servidor público como de articulista de P23 y otros medios de comunicación.
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sostuvo que
las soluciones deberán construirse mediante diálogo permanente con las comunidades involucradas.
CONTEXTO
La reunión ocurre después de meses de controversia en torno a proyectos industriales promovidos en la zona de Ohuira y Topolobampo.
En dos reportes especiales, Paralelo 23 documentó que organizaciones ambientales, científicos, cooperativas pesqueras y habitantes de comunidades costeras han cuestionado la compatibilidad de nuevos desarrollos con la fragilidad ecológica del sistema lagunar.
Las investigaciones publicadas por este medio también expusieron que parte de la discusión gira en torno a la protección de humedales costeros, áreas de alta productividad pesquera y ecosistemas vinculados a sitios reconocidos internacionalmente por su valor ambiental.
Los reportajes señalaron además la existencia de debates sobre procedimientos de consulta, autorizaciones ambientales, uso de suelo, disponibilidad de agua y posibles impactos acumulativos derivados de distintos proyectos previstos para la región. Y plantearon un punto fundamental poco explorado públicamente: el proyecto está sobre la falla de San Andrés y zona ciclónica, lo que pone en duda la capacidad de los sistemas de seguridad industrial.
Lo que sigue
De acuerdo con los acuerdos alcanzados, las dependencias federales analizarán la información técnica, estudios y observaciones presentadas por las comunidades.
Asimismo, el gobierno de México buscará establecer comunicación con la empresa responsable del proyecto para integrar sus planteamientos al proceso de revisión.
Las autoridades precisaron que cualquier determinación futura deberá sustentarse en elementos técnicos, jurídicos y ambientales conforme al marco legal vigente.
EDITORIAL P23
La reunión de Los Mochis no resuelve el conflicto de fondo, pero sí modifica el escenario. Después de meses de críticas ciudadanas y reportes periodísticos sobre los riesgos ambientales y sociales asociados a los proyectos planteados para Ohuira, el gobierno federal reconoce la necesidad de abrir una revisión institucional y escuchar directamente a las comunidades. La clave estará en que las mesas de trabajo produzcan información verificable, inspecciones transparentes y decisiones públicas sustentadas en evidencia, no únicamente en promesas de inversión y progreso, pues lo que ahí está en juego es la supervivencia de una comunidad. Tu opinión nos importa.
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