EE.UU. acusa a Rocha Moya y pide extradición; el gobernador rechaza y SRE pide pruebas
La imputación en Nueva York escala el caso Sinaloa mientras el mandatario niega vínculos y se prepara a responder; narrativa rescata la “carta del Mayo”
29, Sinaloa | 29 abril 2026 | Redacción P23
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York formalizó acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas, en un movimiento que coloca al mandatario sinaloense en el centro de una investigación de alcance binacional. El señalamiento, difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, apunta a una presunta asociación con estructuras del crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa.
Minutos después de hacerse pública la acusación, Rocha Moya respondió a través de sus redes sociales con un rechazo categórico. Afirmó que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno” y sostuvo que se demostrará su falsedad.
El gobernador enmarcó el caso como un ataque no solo personal, sino político, al señalar que forma parte de una “estrategia perversa” contra el movimiento de la llamada Cuarta Transformación y contra la soberanía nacional.
El posicionamiento del mandatario eleva el tono del conflicto al trasladar el eje del debate de lo judicial a lo político. En su mensaje, invocó el artículo 40 constitucional y apeló a una narrativa de defensa del orden constitucional, al tiempo que aseguró que su administración responderá con “valor y dignidad” ante lo que calificó como una calumnia.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.
Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia, publicó Rocha en su cuenta de X
En la acusación estadounidense no solo aparece el nombre del gobernador. De acuerdo con la información difundida, el señalamiento incluye a funcionarios y exfuncionarios vinculados a seguridad, justicia y administración pública en Sinaloa:
— Enrique Inzunza
— Juan de Dios Gámez Mendívil
— Enrique Díaz Vega
— Dámaso Castro Saavedra
— Alberto Jorge Contreras Núñez
— Gerardo Mérida Sánchez
— José Antonio Dionisio Hipólito
— Juan Valenzuela Millán
La acusación no implica, por sí misma, una resolución judicial inmediata, pero abre la puerta a procesos legales, solicitudes de cooperación internacional y posibles tensiones diplomáticas. En paralelo, en México, no se ha informado de una imputación formal equivalente por parte de la Fiscalía General de la República, aunque el caso se inserta en una investigación más amplia que permanece abierta.
Entre los elementos que han marcado el contexto del caso destaca la carta difundida en 2024 por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en la que el narcotraficante aseguró haber sido engañado y llevado a Estados Unidos, además de referir una supuesta reunión en Sinaloa donde mencionó la presencia de actores políticos. Aunque esa versión no ha sido plenamente corroborada, se convirtió en un punto de partida para diversas líneas de investigación.
Petición de Extrsdicion
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el 28 de abril a las 18:00 horas recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Conforme al procedimiento establecido en la Ley de Extradición Internacional, la dependencia turnó la documentación a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de evaluar la procedencia de dichas solicitudes bajo el marco jurídico mexicano.
De acuerdo con la revisión jurídica de la cancillería, los documentos remitidos por la Embajada de Estados Unidos no contienen elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad de las personas señaladas.
No obstante, será la FGR la que determine si existen bases legales para proceder. La SRE también informó que, debido a disposiciones de confidencialidad en los tratados vigentes, enviará un extrañamiento diplomático por la forma en que la información fue difundida.
El caso también ha tenido repercusiones en la percepción pública y en el ámbito político nacional, al colocar a un gobernador en funciones bajo la lupa de autoridades extranjeras, en un momento de alta sensibilidad en la relación bilateral en materia de seguridad.
CONTEXTO
Como antecedente, la narrativa construida a partir de la carta del Mayo introdujo por primera vez el nombre del mandatario en un contexto de sospecha, lo que posteriormente derivó en la apertura de investigaciones y en el seguimiento mediático del caso.
La evolución de este proceso dependerá tanto de las acciones judiciales en Estados Unidos como de las respuestas institucionales en México, en un escenario donde las implicaciones legales y políticas avanzan en paralelo.
EDITORIAL P23
En un país donde las fronteras entre crimen, política y narrativa suelen reunirse, el caso Rocha Moya vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta: ¿hasta dónde alcanzan las acusaciones cuando cruzan jurisdicciones y quién fija los límites entre justicia y soberanía? ¿Estados Unidos tiene pruebas contundentes? Seguramente si, pues de otra manera no daría este paso que pone en riesgo la relación bilateral.
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