FGR descarta acción inmediata contra Rocha por falta de pruebas y fallas procesales
La Fiscalía señala deficiencias en solicitud de EE.UU. y advierte violación a protocolos de confidencialidad internacional
Ciudad de México | 29 de abril 2026 | Redacción P23
La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura oficial sobre los señalamientos difundidos por autoridades de Estados Unidos en torno a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, al afirmar que no existen condiciones legales para proceder con detenciones debido a deficiencias probatorias.
A través de su vocero y Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, la institución señaló que la solicitud del gobierno estadounidense carece de elementos suficientes que acrediten la probable comisión de delitos, lo cual impide cualquier acción inmediata dentro del marco jurídico mexicano.
De acuerdo con la FGR, el sistema legal nacional y los tratados bilaterales en materia de extradición establecen que no basta con la emisión de acusaciones, sino que se requieren pruebas contundentes que sustenten los hechos señalados. En este caso, indicaron, dichos elementos no fueron presentados.
Asimismo, la Fiscalía advirtió que las autoridades estadounidenses habrían incurrido en una violación a los protocolos internacionales al hacer pública información que debía mantenerse bajo estricta confidencialidad. Señaló que la propia solicitud contenía advertencias sobre la reserva del caso, lo que contrasta con su difusión en medios.
En ese sentido, la institución recordó que este tipo de procedimientos se rigen por acuerdos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece lineamientos claros sobre el manejo de información sensible entre Estados.
Otro de los puntos destacados por la FGR es la protección constitucional de los servidores públicos en funciones, como es el caso de un gobernador. La legislación mexicana exige la realización de un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de iniciar cualquier acción penal, lo cual no puede omitirse sin vulnerar el Estado de Derecho.
La Fiscalía informó que abrirá una investigación paralela para recabar información propia, aunque reiteró que su actuación estará guiada por el respeto a la legalidad, la soberanía nacional y la presunción de inocencia.
En el documento difundido por autoridades estadounidenses se mencionan posibles vínculos con actividades ilícitas, como tráfico de drogas y armas, así como presuntos intercambios de favores políticos. Sin embargo, la FGR sostiene que dichos señalamientos no están respaldados por pruebas suficientes en el expediente remitido.
CONTEXTO
El posicionamiento de la Fiscalía se da en un contexto de creciente atención pública y política sobre el caso, en el que distintos actores han solicitado claridad institucional ante la dimensión internacional de las acusaciones.
El caso refleja las tensiones entre cooperación internacional y soberanía jurídica, especialmente en temas vinculados al crimen organizado, donde los procedimientos deben ajustarse a marcos legales tanto nacionales como multilaterales.
EDITORIAL
Desde una perspectiva editorial, la postura de la FGR coloca en el centro el principio del debido proceso frente a presiones externas. La exigencia de pruebas y el respeto a los procedimientos legales no solo delimitan la actuación institucional, sino que también marcan el estándar bajo el cual deben resolverse casos de alto impacto público. La FGR carga hoy con la responsabilidad de evitar una intervención de las fuerzas especiales de Estados Unidos con o sin autorización del gobierno mexicano.
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