- La sociedad civil sobrevive: la UAS aprobó el recorte.-
La seguridad y la corrupción han sido talones de Aquiles de los gobiernos morenistas, más notorios cuanto mayor fue su compromiso de resolverlos.
La forma de enfrentar a la criminalidad ha variado. Pasó de los abrazos y no balazos, a una posición explicablemente activa de los enfrentamientos con las bandas del crimen organizado, pero no ha alcanzado éxitos definitivos como los que se prometieron.
La justificación para dar abrazos y no balazos era que Andrés Manuel López Obrador quería diferenciarse de Felipe Calderón, quien fracasó en la guerra contra el narco, pese a que utilizó al Ejército entero para tratar de frenar a la delincuencia.
“Ya no hay masacres”, dijo triunfante López Obrador refiriéndose a los resultados de enfrentamientos entre fuerzas del orden y criminales. Otra de sus críticas al PRIAN, y específicamente a Calderón, era el índice de letalidad que afectaba a la delincuencia.
Lo que consiguió fue invertir los resultados. No más narcotraficantes víctimas de muertes masivas, pero a cambio, los soldados empezaron a caer prácticamente a racimos. Como en la reciente manifestación del dos de octubre, los policías capitalinos estuvieron atados de manos frente a los ataques; así estaban los militares y los miembros de la Guardia Nacional.
Pese a que la presidenta dice que no han cambiado las políticas de seguridad, hoy se dan casos de hasta cinco muertes de agresores y no siempre las hay de elementos de las fuerzas del orden. Estas se registran ahora en ataques arteros, no en enfrentamientos.
El problema es que el combate a la inseguridad se sigue basando en la fuerza de las armas, como con Calderón, y no en la investigación y la ejecución de políticas integrales. El lavado de dinero está a la orden del día, como lo demuestra el asunto del huachicol fiscal, que permitió a sus ejecutores gastar dinero a manos llenas sin que interviniese autoridad alguna.
Desde el primer Culiacanazo, se vio la presencia de un ejército irregular del narco que se dio el lujo de tomar la ciudad e imponer sus condiciones, sin que pasara nada ni en esa ocasión ni en los años subsecuentes. Cuando fue necesario capturar a Ovidio para entregarlo a Estados Unidos, se hizo, pero otra vez vimos al ejército narco en las calles, y la autoridad se conformó con llevarse al hijo de “El Chapo” Guzmán, sin intentar el desmantelamiento de esa fuerza bélica, tan poderosa en número como en armamento y en capacidad de movilidad.
Por supuesto, eso explica que llegamos a trece meses de guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, sin que el gobierno consiga nada, como no sea interpretar las estadísticas de manera favorable a su criterio para decirnos que “ahí la llevamos”.
Por cierto, a los casos de guardaespaldas muertos tras ataques delictivos debe sumarse el despojo de una camioneta propiedad de la diputada local morenista Yadira Santiago Marcos, de Morena, quien se ve ahora sin su RAV 2024. ¿Estará en ánimo de avalar las cuentas que nos trae o nos manda Omar García Harfuch?
¿Y el combate a la corrupción, apá?
Durante todo lo que va del siglo, Andrés Manuel López Obrador tuvo el acierto de machacar sobre el tema de la corrupción gubernamental y de diferenciarse de los miembros de la clase gobernante de aquellos tiempos. Ni corrupción ni dispendios, ofreció.
Pero desde el principio empezó a haber fisuras en el discurso del nuevo régimen. El fraude de Segalmex se convirtió en un grave indicio que el propio AMLO desestimó. No sólo no castigó al principal responsable de la dependencia, sino que culpó a “priístas que lo convencieron y lo engañaron”.
De ahí en adelante los ejemplos han menudeado. Cada denuncia que se presentaba era descalificada imputándole fines perversos a los conservadores. Ya en el actual gobierno, se detectó un fraude multimillonario con la adquisición de medicinas que obligó a cancelar los contratos. ¿Sabe a cuántos de los funcionarios involucrados investigaron? ¡A ninguno!
Lo que ha sido inocultable es el huachicol fiscal, en que dos altos mandos de la Marina Armada de México son señalados como culpables de manejar una intrincada y extensa red de funcionarios involucrados en el contrabando de combustibles, pero se advierte una tenaz resistencia a ir más allá de los dieciséis personajes sometidos a proceso. Un asunto tan grave, tan obvio, no puede quedar en anécdota, por más que dentro de Morena se identifique la protección a personajes de altos vuelos con la integridad de “la causa” y “del movimiento”.
Como efecto colateral del manejo descontrolado del dinero, el país ha asistido al bochornoso espectáculo de capitostes de la política que se deschongan con gastos que antes criticaron ferozmente.
El más bocón de todos, Gerardo Fernández Noroña, se da el gusto de contratar aviones privados para recorrer un estado —Coahuila— en dos días, y todavía lo defiende como parte de la justa medianía a la que tanto se invoca en la Cuarta Transformación.
No se diga el celebérrimo junior Andrés Manuel López Beltrán “Andy”, quien se paseó abnegadamente por tierras niponas; o los señores líderes legislativos, que dicen haber viajado por los mejores sitios de Europa “sin tocar el presupuesto oficial”.
Pero si se trata de impunidades, ninguna como la de Adán Augusto López Hernández, cuyos tropiezos han sido públicos: partiendo de la barredora de Tabasco, siguiendo con sus ingresos extraordinarios y culminando con su espléndida declaración sobre unas herencias que le han permitido amasar millones. Decían ser diferentes y ahora justifican sus riquezas sospechosas con los mismos argumentos de personajes como Elba Esther Gordillo, quien sostuvo haber recibido multimillonarias herencias de su mamá, quien por lo visto era una acaudalada maestra rural.
A nadie sorprende que haya personajes que ceden ante las tentaciones de la corrupción, pero sí llama la atención que se estén deschongando tan rápido y tan cínicamente. Ya ni los llamados de la presidenta sirven para que moderen sus exhibiciones, mucho menos para que suspendan sus vertiginosas carreras financieras.
- La sociedad civil todavía existe
Este gobierno de izquierda, que desde la oposición exigió siempre apertura para la participación de la sociedad civil, está convertido en un acaparador del poder, que no sólo limita la acción de los ciudadanos, sino que además les quita los escudos legales de que disponían, como ocurre con la reforma a la Ley de Amparo.
A pesar de eso, la sociedad civil sigue haciendo lo suyo.
El jueves pasado, un grupo de académicos de la UAS y del Instituto de Limnología de la UNAM presentó el libro guía sobre flora y fauna del Cerro del Crestón, que constituye una verdadera guía para el uso sustentable de la flora regional.
Este trabajo fue auspiciado durante la vigencia del Patronato del Parque Natural Cerro del Crestón, que realizó un magnífico trabajo de conservación y aprovechamiento de ese espacio, y que debió dejar de operar porque la entelequia llamada Azipona hizo todo lo que pudo, hasta lograr eliminar a la Institución de Asistencia Privada que trabajó ejemplarmente.
Lo bueno es que los ciudadanos siguen trabajando pese a las presiones de funcionarios patrimonialistas.
- Reingeniería de la UAS: ¿será suficiente?
Como era previsible, la masa amorfa universitaria votó a favor de la reingeniería financiera de la UAS. ¿Qué sigue ahora? ¿El gobierno federal considerará suficientes las aceptaciones de la universidad para otorgarle el suficiente presupuesto?
Es curioso ver cómo un gobierno que se define progresista, de izquierda, consiguió lo que nunca lograron los regímenes del PRI y del PAN: romper la autonomía uasense —quizá mal empleada—, pero defendida exitosamente durante varios lustros, desde los postulados de la propia izquierda.
Para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. Al menos los jubilados inconformes vienen del mismo origen partidista que el gobierno que les cercena el ingreso.
Ahora falta ver si, en efecto, se animan a desmontar el aparato cuenista, partiendo del anunciado retiro de plazas laborales que sobran.
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