Corona fúnebre, denuncia y escoltas: Paola Gárate contradice a Sedena
La diputada priista asegura que sí presentó denuncia ante la Fiscalía y reitera que la protección ofrecida por la Guardia Nacional es insuficiente porque solo cubre actos oficiales.
Sinaloa | 17 de junio de 2026 | Redacción P23
La confrontación entre la diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, y las autoridades federales de seguridad escaló este martes luego de que la legisladora desmintiera públicamente la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre las medidas de protección implementadas tras recibir una corona fúnebre en su domicilio.
Durante la conferencia matutina del gobierno federal, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, informó que la Guardia Nacional mantiene una evaluación de riesgo para determinar el nivel de protección que requiere la legisladora y aseguró que se le recomendó formalizar una denuncia ante el Ministerio Público, afirmando que “todavía no sucede”.
La respuesta de Gárate fue inmediata. La diputada sostuvo que sí presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Sinaloa después de localizar la corona fúnebre en su domicilio el pasado 10 de junio y lamentó que las autoridades federales manejen información que calificó como incorrecta o incompleta.
Además, cuestionó el esquema de seguridad ofrecido por la Guardia Nacional, limitado a actividades oficiales.
Se me habla de acompañamiento en actos oficiales, como si el peligro dejara de existir cuando salgo de una sesión”, declaró la legisladora, al recordar que la intimidación ocurrió precisamente en su vivienda particular.
Contexto
La recepción de una corona fúnebre en el domicilio de una representante popular ocurre en medio de un clima de violencia e intimidación que afecta a distintos sectores de Sinaloa. Paola Gárate ha señalado que no se trata de un hecho aislado, pues asegura haber sido privada ilegalmente de la libertad en 2021 y amenazada con armas de fuego en octubre de 2025. Su partido ha solicitado protección permanente de 24 horas.
Editorial P23
Más allá de las diferencias entre versiones oficiales, el caso revela una preocupante falta de coordinación entre instituciones encargadas de proteger a los representantes públicos. Si una diputada debe salir a desmentir públicamente a las autoridades responsables de su seguridad, el problema trasciende a una persona y exhibe fallas en los mecanismos de protección del Estado. La historia reciente remite a casos de homicidios contra figuras públicas que supuestamente estaban bajo protección policial. En este caso, independiente de las contradicciones y desmentidos, cualquier agresión contra la legisladora ya tiene responsables.
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