Guerra del narco desploma histórica competitividad de Culiacán y frena inversiones en Sinaloa
La violencia derivada de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza ha colocado a Culiacán entre las ciudades menos competitivas del país, advierte el IMCO
Culiacán, Sinaloa | 3 junio 2026 | Joaquín Rodriguez
La prolongada guerra interna del Cártel de Sinaloa -que ya rebasó la franja de los 20 meses- comenzó a reflejarse con claridad en los principales indicadores económicos y de competitividad del estado.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y diversos organismos especializados advierten que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal en la entidad.
De acuerdo con las mediciones más recientes, Culiacán cayó hasta la posición 19 de 21 entre las ciudades mexicanas con más de un millón de habitantes evaluadas por el IMCO, ubicándose entre los centros urbanos con menores niveles de competitividad del país.
El deterioro coincide con casi dos años de confrontación entre las facciones criminales conocidas como Los Chapitos y La Mayiza, conflicto que ha impactado la actividad comercial, reducido la confianza empresarial y debilitado la capacidad de atracción de nuevas inversiones.
Especialistas señalan que la violencia dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un factor que limita el desarrollo económico. La incertidumbre generada por los enfrentamientos, bloqueos, desapariciones y homicidios afecta decisiones de inversión, encarece operaciones y obliga a empresas y comercios a destinar recursos crecientes a su propia protección.
Los estudios económicos indican que las empresas del noroeste del país destinan en promedio 63.4 mil pesos mensuales a gastos relacionados con seguridad, una carga que reduce competitividad y capacidad de expansión.
El contraste regional resulta significativo. Mientras Culiacán se desplomó en los indicadores de competitividad, Mazatlán logró consolidarse entre las ciudades con mejor desempeño del país. Evaluado en la categoría de municipios con entre 500 mil y un millón de habitantes, el puerto se ubicó dentro del Top 7 nacional, alcanzando una clasificación de competitividad media-alta impulsada por su dinamismo logístico, comercial y turístico.
Sin embargo, especialistas advierten que la persistencia de la violencia en Sinaloa podría terminar afectando también las ventajas competitivas del puerto si no se logra restablecer un entorno de seguridad y certidumbre para la inversión.
Contexto
El impacto económico ocurre en paralelo a un deterioro de los indicadores de violencia. Durante el último periodo evaluado, la tasa de homicidios en Sinaloa pasó de 16.6 a 26.3 casos por cada 100 mil habitantes, un incremento cercano al 58 por ciento.
A ello se suma una elevada cifra negra de delitos. El IMCO estima que apenas una pequeña proporción de los ilícitos llega a denunciarse formalmente, debido al miedo de las víctimas y a la desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia.
Desde septiembre de 2024, cuando se profundizó la confrontación interna entre grupos delictivos, Sinaloa acumula más de 2 mil 680 víctimas de homicidio, además de miles de desapariciones y desplazamientos forzados que han afectado comunidades rurales y zonas urbanas de distintos municipios.
Diversos organismos empresariales han advertido que la persistencia de la violencia amenaza con profundizar la desaceleración económica del estado, especialmente en sectores vinculados al comercio, los servicios, la construcción y el turismo.
Editorial P23
Durante décadas, Sinaloa construyó una reputación como potencia agrícola, exportadora y turística. Hoy, esa capacidad productiva enfrenta un desgaste acelerado provocado por una guerra que no sólo deja víctimas mortales, sino también empresas cerradas, inversiones canceladas, empleos perdidos y comunidades enteras atrapadas por el miedo.
La competitividad no se mide únicamente por infraestructura o crecimiento económico. También depende de la capacidad del Estado para garantizar seguridad, legalidad y certeza jurídica. Cuando la violencia se vuelve cotidiana, la inversión se retrae, el talento migra y las oportunidades disminuyen.
Los números del IMCO sugieren que la crisis de seguridad dejó de ser una estadística policiaca para convertirse en un problema de desarrollo. La pregunta ya no es cuánto cuesta la guerra en vidas humanas. La pregunta es cuánto tiempo podrá sostener Sinaloa una economía bajo fuego.