Sinaloa mete reversa en rendición de cuentas
Iniciativa del Ejecutivo elimina obligaciones clave de transparencia y debilita controles ciudadanos
Culiacán, Sinaloa | 06 mayo 2026 | Redacción P23
La nueva iniciativa de Ley de Transparencia impulsada por el Ejecutivo estatal encendió alertas entre organizaciones civiles y especialistas en rendición de cuentas, luego de que el Congreso del Estado iniciara su lectura formal el pasado 21 de abril.
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) advirtió que el proyecto representa un “cambio estructural” que sustituye un sistema con vigilancia autónoma por un modelo de autocontrol gubernamental.
El principal punto de quiebre es la eliminación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), órgano autónomo encargado de garantizar el acceso ciudadano a la información pública en Sinaloa.
En su lugar, la iniciativa propone crear “autoridades garantes” internas para cada poder público, incluyendo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fragmentando los mecanismos de revisión y debilitando los contrapesos institucionales.
RECIAS sostiene que el rediseño no fortalece la transparencia, sino que reduce capacidades de vigilancia, amplía márgenes de discrecionalidad y limita herramientas ciudadanas de fiscalización.
Entre los puntos más delicados identificados por la organización destacan:
- exclusión de municipios como autoridades garantes;
- eliminación de obligaciones específicas para partidos políticos y sindicatos;
- posibilidad de reservar comprobantes de gasto público;
- ampliación de causales para clasificar información como confidencial;
- aumento de plazos de respuesta a solicitudes ciudadanas;
- desaparición de mecanismos de transparencia proactiva y gobierno abierto;
- eliminación del Consejo Consultivo ciudadano;
- debilitamiento de criterios de interpretación y precedentes jurídicos.
Uno de los aspectos más sensibles es la reducción de obligaciones de publicación relacionadas con contrataciones, recursos públicos, evaluaciones y sanciones administrativas, disminuyendo la trazabilidad sobre el ejercicio del poder.
La iniciativa también elimina obligaciones específicas para partidos políticos, incluyendo la publicación de padrones de militantes, financiamiento, contratos, tabuladores salariales, currículums y mecanismos internos de selección.
Para RECIAS, esto implica un retroceso significativo en la rendición de cuentas de actores políticos clave en la vida democrática estatal.
El colectivo advirtió además que el nuevo esquema podría vulnerar el principio constitucional de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo primero de la Constitución, abriendo la posibilidad de futuras impugnaciones legales.
Otro foco de preocupación es la fragmentación de procedimientos de revisión, ya que cada poder tendría mecanismos diferenciados para resolver controversias sobre acceso a la información, generando criterios desiguales e incertidumbre jurídica para la ciudadanía.
La organización anunció que solicitará una audiencia formal con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para exponer técnicamente los riesgos detectados y exigir una revisión profunda de la propuesta antes de su dictaminación.
El debate ocurre en un contexto nacional donde distintos estados han comenzado a replantear sus sistemas de transparencia y organismos autónomos bajo argumentos de austeridad administrativa y simplificación institucional.
Pero para colectivos ciudadanos, el riesgo es otro: que la vigilancia pública termine subordinada al propio poder político.
Contexto:
La CEAIP ha sido durante años el órgano encargado de resolver recursos de revisión, garantizar acceso a información pública y vigilar obligaciones de transparencia en Sinaloa. La propuesta del Ejecutivo redefine completamente esa arquitectura institucional y elimina varios mecanismos de participación ciudadana.
Editorial P23
La transparencia rara vez genera trending topic. Pero cuando desaparecen los contrapesos, el costo termina pagándose con altos intereses en el callejón de la corrupción. El acceso a la información no es ornamento, es una herramienta de vigilancia democrática. Y cada paso en sentido contrario, amplía la sombra de sospecha en el ejercicio discrecional del poder público.
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