Luisa Alcalde niega crisis en Sinaloa; IMCO, INEGI, empresarios y partidos muestran otra realidad
Coparmex, PAN, PRI y organismos especializados responden a la narrativa oficial con caída de empleo, competitividad y crisis de seguridad en el estado.
Culiacán, Sinaloa | 7 de junio de 2026 | Redacción P23
La nueva sección “Derecho de Réplica”, presentada por Luisa María Alcalde durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió un nuevo frente de debate sobre la situación real que vive Sinaloa. La exdirigente nacional de Morena rechazó que exista una crisis económica y de seguridad en la entidad y respaldó su postura con cifras oficiales de crecimiento económico, inversión extranjera, empleo formal y reducción de homicidios.
Alcalde sostuvo que Sinaloa registró un crecimiento económico de 4.2 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025, que la inversión extranjera directa alcanzó 125.8 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026 y que los empleos formales inscritos ante el IMSS aumentaron en más de 5 mil plazas entre julio de 2024 y abril de 2026. También afirmó que los homicidios dolosos muestran una tendencia descendente de acuerdo con cifras oficiales.
Sin embargo, organismos empresariales, especialistas y actores políticos sostienen que esos indicadores no reflejan por completo el impacto económico y social derivado de casi dos años de violencia vinculada a la disputa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza. La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, acusó al gobierno federal de minimizar una crisis que afecta empleo, inversión, actividad comercial y confianza empresarial.
Los cuestionamientos encuentran respaldo en mediciones recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que colocó a Culiacán en la posición 19 de 21 ciudades mexicanas con más de un millón de habitantes evaluadas en el Índice de Competitividad Urbana 2026. El estudio advierte que la inseguridad se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal.
Aunque el organismo deja a salvo a Mazatlán, algunos desarrolladores inmobiliarios admiten que hay una pausa en la inversión e incluso varias construcciones en proceso están detenidas por falta de compromisos de compra.
La polémica escaló luego de que el diputado Mario Zamora del PRI difundiera cifras basadas en datos oficiales del INEGI y otras fuentes públicas, señalando la pérdida de decenas de miles de empleos y patrones durante el periodo más intenso de violencia en Sinaloa. Paralelamente, el IMCO documentó una caída significativa de Culiacán en competitividad urbana, mientras diversos sectores productivos han reportado cierres de negocios, reducción de inversiones y afectaciones económicas derivadas de la inseguridad.
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional también se sumó a las críticas contra la postura presentada desde Palacio Nacional. La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Barajas Cortés, calificó como una burla para los sinaloenses que se minimicen los efectos económicos y sociales derivados de la violencia que afecta al estado desde hace casi dos años.
Luisa María Alcalde, te hacemos una invitación para que vengas a Sinaloa. Y la invitación es muy sencilla: deja por un momento los discursos y las cifras maquilladas”, expresó la dirigente panista.
Barajas sostuvo que detrás de cualquier indicador económico existen familias que han perdido empleos, empresarios que han reducido operaciones y ciudadanos que enfrentan diariamente problemas de inseguridad, cierre de negocios y deterioro de las condiciones económicas en distintas regiones de la entidad.
La líder panista afirmó que el debate no debe centrarse únicamente en estadísticas oficiales, sino en la experiencia cotidiana de miles de sinaloenses. A su juicio, la recuperación económica que presume el Gobierno Federal todavía no se refleja de manera generalizada en sectores productivos, comercios y comunidades que continúan resentidos por los efectos de la crisis de seguridad.
Editorial P23
Los gobiernos suelen medir la realidad mediante indicadores agregados mientras la ciudadanía la mide en su bolsillo. Ambas visiones pueden coexistir y, en ocasiones, contradecirse. El desafío para cualquier autoridad no consiste únicamente en demostrar que ciertos indicadores mejoraron, sino en convencer con hechos a una sociedad que durante meses ha vivido cierres de negocios, desplazamientos, pérdida de empleos y miedo cotidiano. Cuando la percepción social y las cifras oficiales avanzan por caminos distintos, el problema deja de ser estadístico y se convierte en un asunto de credibilidad pública. Luisa María empezó haciendo un mal uso del Derecho de Réplica.
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