En dos años Sinaloa aprendió a vivir con miedo

Segunda parte

Mazatlán, Sinaloa | 9 de septiembre de 2026 | Mario Martini | Especial P23

Hay otra manera de contar estos dos años de tragedia sinaloense. No empezar por los muertos, desaparecidos o desplazados, que se cuentan por miles, sino por los que siguen buscando. Porque una sociedad puede aprender a contar homicidios con una frialdad estadística que resulta casi inevitable después de tantos meses, pero difícilmente aprende a contar de la misma manera a los que un día salieron de casa y no volvieron. Ahí el número deja de ser una cifra y vuelve a convertirse en una pregunta: ¿dónde están?

La Fiscalía de Sinaloa reportó que, desde el inicio de la actual etapa de violencia y hasta junio de 2026, se habían abierto 3 mil 889 carpetas de investigación relacionadas con desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y delitos vinculados. La cifra no equivale automáticamente a 3 mil 889 personas que continúen desaparecidas, porque una carpeta de investigación no es lo mismo que un registro de personas no localizadas y porque los expedientes pueden modificarse conforme avanzan las investigaciones. Pero el número revela la magnitud del problema que las familias han tenido que enfrentar. 

Detrás de cada carpeta hay una casa donde alguien espera. Una fotografía guardada en el teléfono. Una credencial. Una camisa. Un nombre que se repite en las búsquedas y en las fichas que las familias colocan en calles, plazas, hospitales, oficinas y redes sociales. Durante estos dos años, los colectivos de búsqueda terminaron convirtiéndose en una de las expresiones más persistentes de una sociedad que se niega a aceptar que desaparecer a una persona pueda equivaler a borrar su existencia.

La violencia también obligó a miles de familias a hacer algo que nadie hace por gusto: abandonar su casa. El registro oficial de 3 mil 619 familias desplazadas permite dimensionar el fenómeno, aunque no permite saber cuántas personas representan porque el padrón se integra por familias y no por individuos. La propia autoridad reconoce que se trata de una cifra dinámica. Algunas personas han comenzado a regresar, pero un retorno no se considera formalmente acreditado hasta que se cumplen los mecanismos institucionales establecidos. 

La sierra conoce desde hace tiempo esa historia. Lo nuevo es la dimensión que adquirió durante esta etapa. San Ignacio, Concordia, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Sinaloa municipio y recientemente Escuinapa aparecen en distintos momentos como territorios donde las familias tuvieron que salir para ponerse a salvo. En algunos casos regresaron con el tiempo; en otros, la casa permanece cerrada y el pueblo quedó con menos gente. La violencia no necesita incendiar un lugar para transformarlo. A veces basta con que consiga que sus habitantes se vayan.

En las ciudades ocurrió algo diferente. Culiacán aprendió a cerrar temprano. Mazatlán aprendió a mirar hacia los accesos antes de detenerse en un negocio. En colonias enteras la conversación cambió de tema: ya no se preguntaba solamente cómo estaba la familia, sino cómo estaba la zona, si había ocurrido algo, si convenía circular por determinada avenida o si era mejor esperar. La violencia modificó horarios y trayectos antes de modificar leyes, reglamentos o discursos.

En agosto ocurrió algo que ilustra la nueva geografía de la crisis. Mazatlán concentró 62 homicidios dolosos y ocho feminicidios, mientras Escuinapa también apareció entre los municipios señalados por las autoridades por el incremento de la violencia en el sur. El problema dejó de ser una fotografía exclusivamente culiacanense. La disputa territorial se había movido por el estado y alcanzado espacios que durante años habían vivido una relativa distancia de los grandes episodios de violencia. 

Y mientras eso ocurría, Sinaloa comenzó a pagar una factura económica que todavía no termina de calcularse. Más de 27 mil empleos formales se perdieron entre abril de 2024 y abril de 2026, según los registros del IMSS. La cifra equivale aproximadamente al cinco por ciento del empleo formal que el estado tenía al inicio de ese periodo. No todos esos puestos desaparecieron exclusivamente por la violencia —la economía también recibió los golpes de la sequía, los fenómenos naturales y otros factores—, pero el dato coincide con el deterioro que empresarios y organizaciones han documentado desde septiembre de 2024. 

Hay una diferencia importante entre perder un empleo y perder una empresa. El trabajador busca otro ingreso; el empresario que cierra pierde capital, clientela, proveedores y, en ocasiones, años de trabajo. Coparmex ha estimado que más de 5 mil empresas dejaron de operar durante este periodo. El dato debe leerse con cautela porque se trata de una estimación empresarial y no de un padrón oficial de cierres atribuibles exclusivamente a la violencia. Pero incluso con esa reserva, ayuda a entender que la crisis dejó de ser únicamente policial: alcanzó la estructura económica de las ciudades. 

El Índice de Paz México ofrece una medida todavía mayor. Para 2025 calculó en 170.5 mil millones de pesos el impacto económico de la violencia en Sinaloa, por encima de los 123.1 mil millones estimados para 2024. Es dinero que no se queda en una sola cuenta ni puede explicarse con una sola factura. Es el costo de la violencia sobre la economía, sobre las familias, sobre las empresas y sobre las instituciones. Cuando una sociedad necesita gastar más para protegerse, deja de gastar en otras cosas. Cuando una empresa deja de invertir, alguien deja de contratar. Cuando una familia abandona su comunidad, alguien deja de comprar. 

Aun así, Sinaloa no es hoy el mismo estado de hace un año. Las cifras más recientes muestran una reducción respecto del peor momento de 2025. El gobierno ha reportado una disminución del promedio diario de homicidios desde el pico registrado en junio de 2025; las cifras de la Fiscalía confirman que 2026 se mueve por debajo de aquel año, aunque agosto volvió a mostrar que la violencia conserva capacidad para repuntar. La estadística, por tanto, permite hablar de una mejoría relativa, pero no de una normalidad recuperada. 

Ahí está la contradicción de estos dos años. El número puede bajar y la experiencia permanecer. Una familia que perdió a alguien no recupera a esa persona porque el mes siguiente tenga menos homicidios. Un desplazado no vuelve automáticamente porque disminuyan los enfrentamientos. Un empresario no recupera el dinero perdido porque el siguiente trimestre mejore un indicador. Una ciudad tampoco recupera la confianza de un día para otro.

La seguridad tiene una dimensión estadística y otra que no cabe en ninguna tabla. La primera se mide con homicidios, desapariciones, robos, detenciones y aseguramientos. La segunda se descubre cuando una madre pregunta si ya es seguro regresar a su comunidad; cuando un comerciante calcula cuánto tiempo puede mantener abierto el negocio; cuando una familia decide si manda o no a los hijos a una fiesta; cuando alguien escucha un disparo y, antes de saber qué ocurrió, ya está buscando dónde ponerse a salvo.

Eso es lo que Sinaloa aprendió en estos dos años: no a vivir sin miedo, sino a organizar la vida alrededor de él.

Y quizá esa sea la parte más difícil de desmontar. Porque una carretera puede repararse, una patrulla puede sustituirse, una estrategia de seguridad puede cambiarse y un indicador puede mejorar. Pero devolverle a una sociedad la costumbre de vivir sin mirar hacia atrás requiere algo mucho más difícil que un operativo.

Requiere tiempo. Y, sobre todo, requiere que la gente vuelva a creer que puede vivir en su tierra sin tener que pedir permiso al miedo.