En dos años Sinaloa aprendió a vivir con miedo
Primera parte
Mazatlán, Sinaloa | 8 de septiembre de 2026 | Mario Martini | Especial P23
Hay lugares que cambian sin que nadie se dé cuenta exactamente cuándo ocurrió. Una calle que antes se cruzaba sin mirar hacia los lados; un restaurante que cerró temprano; una familia que dejó de viajar de noche; un pueblo de la sierra que comenzó a vaciarse poco a poco. No hay una fecha para esos cambios, aunque en Sinaloa casi todos llevan la misma marca de origen: septiembre de 2024, cuando la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa convirtió la violencia en una presencia cotidiana y obligó a miles de personas a modificar sus costumbres, sus negocios, sus rutas y, en algunos casos, sus lugares de residencia.
Dos años después, Sinaloa sigue funcionando. Los comercios abren, los camiones circulan, los niños van a la escuela, los restaurantes reciben algunos clientes y Mazatlán manda el mensaje: “aquí la vida se pasa sin llorar”; entre persecuciones callejeras a tiros., continúa recibiendo turistas.
Esa normalidad es real, pero tiene una particularidad: ahora convive con la precaución. La gente pregunta antes de salir, revisa las noticias, observa las calles, utiliza herramientas tecnológicas para definir rutas o preguntar por bloqueos o conflictos en evolución. Aprende a distinguir las horas en que conviene estar o no estar.
No todos lo dicen de la misma manera, pero una parte de la sociedad sinaloense incorporó al miedo como se se forman las costumbres: al principio parecen insoportables y después terminan formando parte de la rutina.
El 9 de septiembre de 2024 no comenzó simplemente otra temporada de violencia. Comenzó una etapa distinta a todas las que habíamos vivido quienes ya cruzamos el paralelo 70. La captura y posterior traslado a Estados Unidos de Ismael Mario “El Mayo” Zambada dejó al descubierto una fractura que pronto se convirtió en territorio de guerra fratricida, entre parientes y compadres que durante décadas llevaron la fiesta en paz.
Los números permiten medir la dimensión de la tragedia sinaloense. Entre septiembre y diciembre de aquel año se registraron 665 homicidios dolosos; 2025 cerró con mil 654, el registro anual más alto de los últimos años, y entre enero y agosto de 2026 se acumularon otros 870.
Si se suman los tres periodos, la cuenta llega a 3 mil 189 homicidios dolosos oficiales entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. ¿Por qué puntualizamos oficiales? Porque en una guerra los números también juegan: ningún bando reconoce públicamente sus bajas en combate para no otorgar la victoria. numérica y emocional al adversario, así es que muchas pérdidas en batalla no pasan por la contabilidad y van directo a panteones clandestinos, bajo la estragegia “cada quien sus muertos”.
Entonces, la oficial es una cifra construida a partir de los concentrados mensuales de la Fiscalía y no significa que cada uno de esos asesinatos pueda atribuirse automáticamente a la disputa criminal; significa algo más elemental y quizá más grave: durante esos 24 meses Sinaloa atravesó una concentración extraordinaria de violencia letal. El promedio de ese periodo ronda los cuatro homicidios dolosos diarios. En 2025, por sí solo, el promedio fue de 4.5 al día.
La comparación permite entender mejor lo ocurrido. Sinaloa había cerrado 2024 con 993 homicidios dolosos; de ellos, 665 correspondieron solamente a los últimos cuatro meses. En 2025 la cifra subió a mil 654, un incremento de 66.5 por ciento. Junio de ese año fue el punto más alto, con 207 homicidios dolosos.
El estado entró entonces en una especie de meseta de violencia: ya no se trataba de un episodio extraordinario que pudiera explicarse por un fin de semana particularmente sangriento, sino de una realidad que se prolongaba mes tras mes.
Y, sin embargo, algo comenzó a cambiar. La violencia letal bajó respecto del momento más alto de 2025, aunque no desapareció. En agosto de 2026 la Fiscalía contabilizó 122 homicidios dolosos, 16 más que en julio y apenas dos por debajo de mayo, que conserva el mayor registro mensual del año. Entre enero y agosto sumaron 870. El dato obliga a una lectura menos cómoda que la de quienes hablan de una crisis superada: la violencia puede bajar, pero el miedo permanece.
Movilidad de la violencia
Agosto dejó además una fotografía particularmente dura para Mazatlán. De los 122 homicidios dolosos registrados en el estado, 62 correspondieron al municipio, además de ocho feminicidios. En total fueron 70 carpetas por ambos delitos. Es decir, más de la mitad de los homicidios dolosos de Sinaloa durante ese mes ocurrieron en el puerto. No es una estadística menor para una ciudad cuya economía depende, en buena medida, de la movilidad, del turismo y de la percepción de seguridad.
La violencia tampoco se quedó en las páginas de seguridad. Entró en la economía por la puerta principal. Entre abril de 2024 y abril de 2026 Sinaloa perdió 27 mil 349 empleos formales registrados ante el IMSS; al cierre de abril había 587 mil 920 puestos, la cifra más baja para ese mes desde 2021. El primer trimestre de 2026 mostró además una reducción de 31 mil personas ocupadas respecto del mismo trimestre del año anterior, aunque ese indicador de INEGI incluye todo el mercado laboral y no puede atribuirse exclusivamente a la violencia.
Los organismos empresariales han colocado la pérdida de empleos y el cierre de empresas directamente en el contexto de la crisis de seguridad. Coparmex reportó, con corte al 20 de agosto de 2026, más de 5 mil empresas cerradas y alrededor de 27 mil empleos formales perdidos desde el inicio de la ola de violencia. Las cifras empresariales y las del IMSS no miden exactamente lo mismo ni tienen el mismo corte, pero juntas muestran una cosa que resulta difícil esconder detrás del discurso oficial: la violencia terminó afectando también el derecho a trabajar.
Índice de paz
El daño económico tiene otra medida. El Índice de Paz México 2026 calculó para Sinaloa un impacto económico de la violencia de 170.5 mil millones de pesos durante 2025, frente a 123.1 mil millones en 2024. No se trata únicamente del dinero que pierde una persona cuando deja de abrir su negocio o de lo que deja de vender un comercio; el cálculo incluye costos de seguridad, homicidios, delitos, pérdidas económicas y otros efectos que la violencia produce sobre la actividad productiva.
Pero quizá el dato que mejor explica la profundidad del problema no está en Culiacán ni en Mazatlán, sino en la sierra. Hasta junio de este año, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable tenía registradas 3 mil 619 familias víctimas de desplazamiento forzado. No son 3 mil 619 personas: el registro se construye por familia y la propia autoridad advierte que la cifra es dinámica porque algunas familias pueden haber regresado, aunque los retornos deben acreditarse mediante los mecanismos institucionales correspondientes. Choix, El Fuerte, Sinaloa municipio, Badiraguato, San Ignacio, Escuinapa, El Rosario y Concordia aparecen entre las zonas donde el fenómeno ha tenido mayor presencia.
Una familia que abandona su casa no desaparece de las estadísticas; desaparece del paisaje. Deja una parcela, una tienda, animales, recuerdos, una escuela, vecinos. Deja también una parte de la comunidad. Y cuando varias familias hacen lo mismo, el desplazamiento deja de ser solamente un problema humanitario para convertirse en una transformación territorial. Hay pueblos donde la pregunta ya no es quién llegó, sino quién se quedó.
Dos años después, esa es quizá la dimensión menos visible de la violencia sinaloense. Las cifras cuentan muertos, empleos, vehículos, personas privadas de la libertad y familias desplazadas. Pero ninguna estadística registra cuántas veces una madre llamó a su hijo para saber dónde estaba, cuántas veces un comerciante decidió cerrar antes de tiempo o cuántas personas dejaron de hacer algo tan sencillo como visitar a sus padres porque el camino dejó de parecerles seguro.
En dos años, Sinaloa aprendió a vivir con miedo porque el miedo la arrinconó.en un callejón sin salida.
