Feminicidios reciben a Sheinbaum con petición de Alerta de Género
• Sinaloa recibe la visita presidencial con una cifra que ya no cabe en los discursos: cerca de un centenar de mujeres asesinadas en 2026 y una exigencia para extender el mecanismo de protección a municipios donde la violencia feminicida se ha disparado.
Mazatlan, Sinaloa | 20 de septiembre 2026
VALENTINA RAMÍREZ
La sexta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sinaloa llega, además, con una pregunta: ¿cuántas mujeres tienen que morir para que una alerta de género deje de ser un trámite y se convierta en una emergencia atendida con todos los recursos del Estado?
La pregunta no es retórica. El jueves 17 de septiembre, mientras Sheinbaum se reunía con la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava para revisar la situación de Sinaloa, los datos sobre violencia contra las mujeres dibujan otro mapa del estado. El Consejo Estatal de Seguridad Pública reporta que cerca de 100 mujeres han sido asesinadas durante 2026; un recuento difundido este mismo día sitúa la cifra en 96 al 15 de septiembre, mientras la Fiscalía mantiene cifras específicas para las carpetas investigadas como feminicidio.
La diferencia entre homicidio de mujer y feminicidio no es un detalle semántico. Es una diferencia jurídica y de investigación. Por eso conviene no mezclar las cifras. La Fiscalía reportó que hasta agosto se acumulaban 76 carpetas por feminicidio y que durante la primera quincena de septiembre se habían abierto otras 14, para un total de 90 investigaciones por ese delito.
Pero hay lugares donde los números ya adquirieron nombre propio.
Escuinapa es uno de ellos.
El municipio sureño, que no forma parte de los cinco territorios incluidos originalmente en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, aparece ahora en el centro de la discusión. La alerta fue declarada por la Secretaría de Gobernación en marzo de 2017 para Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato. Escuinapa quedó fuera.
Nueve años después, la realidad parece haber cambiado de lugar.
De acuerdo con información difundida el 16 de septiembre, la Fiscalía contabilizaba 16 casos de feminicidio investigados en Escuinapa durante 2026, mientras un recuento de víctimas de mujeres asesinadas elevaba a 17 el número de mujeres muertas en el municipio. La propia información señala que la cifra de feminicidios investigados en Escuinapa supera la registrada en los 13 años anteriores juntos desde que el delito fue tipificado en Sinaloa.
Y la violencia no se quedó en Escuinapa.
Mazatlán también aparece entre los municipios donde se concentra el repunte. En agosto, la Fiscalía reportó 16 feminicidios en Sinaloa, cinco de ellos en Mazatlán y cinco en Escuinapa. Para septiembre, la Fiscalía ya analizaba los casos ocurridos en Mazatlán, Escuinapa y Culiacán en busca de factores comunes y posibles patrones.
La escena resulta difícil de ignorar: mientras una parte del aparato de seguridad se prepara para recibir a la presidenta, otra parte del gobierno analiza carpetas para tratar de entender por qué las mujeres están muriendo.
La gobernadora Graciela Domínguez reconoció este jueves que los feminicidios son una preocupación para su administración. Señaló que la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía mantienen un trabajo permanente y que las acciones que correspondan serán revisadas en la Mesa de Seguridad.
No es todavía una declaratoria nueva.
Es la discusión sobre si debe existir.
La diputada priista Irma Moreno Ovalles pidió esta semana que el Gobierno de Sinaloa solicite a la Federación activar la Alerta de Violencia de Género en Escuinapa. La petición incluye medidas de protección, un refugio para mujeres víctimas de violencia y sus hijos, además de atención psicológica y jurídica.
El asunto tiene, sin embargo, una particularidad que debería obligar a mirar más allá de un solo municipio: la alerta que ya existe tampoco ha desaparecido.
Sinaloa tiene una AVGM vigente desde 2017 en cinco municipios. El mecanismo contempla acciones de seguridad, prevención, atención a víctimas y medidas especializadas para investigar feminicidios y homicidios dolosos de mujeres.
Entonces la pregunta cambia.
No solamente se trata de agregar a Escuinapa.
También hay que preguntarse qué ha funcionado, qué no ha funcionado y qué recursos han acompañado durante estos nueve años a una declaratoria que nació precisamente porque la violencia contra las mujeres ya era considerada una emergencia.
Porque una alerta sin prevención suficiente llega después del miedo.
Y una investigación que no termina en justicia llega después de la muerte.
La Fiscalía, por lo pronto, ha comenzado a buscar patrones. La Unidad de Análisis y Contexto revisa las carpetas de Mazatlán y Escuinapa para encontrar coincidencias, factores de riesgo y posibles vínculos con actividades de narcomenudeo. La propia fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo ha señalado que esa revisión busca fortalecer las investigaciones y definir acciones preventivas.
Eso es necesario.
Pero las mujeres de Sinaloa no pueden vivir dentro de una carpeta de investigación esperando que alguien encuentre el patrón después de que otra mujer haya sido asesinada.
La visita de Claudia Sheinbaum ocurre, por eso, en un momento particularmente delicado. La presidenta viene a hablar de Sinaloa, de seguridad, de coordinación institucional y de la recuperación de un estado golpeado por dos años de violencia. Pero debajo de los grandes mapas de la seguridad nacional existe otro mapa, más pequeño y más doloroso, hecho de domicilios, calles, familias y nombres de mujeres.
Ese mapa también necesita Estado.
No solamente soldados.
No solamente patrullas.
No solamente estadísticas.
Necesita prevención, refugios, atención, investigación, presupuesto y justicia.
Y necesita que la Alerta de Violencia de Género sea evaluada por lo que consigue en la vida real, no por el número de reuniones que produce.
Sheinbaum llega a Sinaloa el domingo.
Las mujeres asesinadas ya llegaron antes.
Y algunas de sus familias llevan meses esperando que el Estado llegue también.