Organizaciones denuncian que la justicia en Quintana Roo protege a agresores y revictimiza a mujeres
Maya Sin Fronteras y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron la intervención de autoridades nacionales e internacionales ante lo que califican como un patrón sistemático de violencia institucional, tráfico de influencias e impunidad.
Paralelo 23 | Redacción
Las organizaciones Maya Sin Fronteras A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusaron públicamente a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial de Quintana Roo de mantener un sistema que, en lugar de garantizar justicia para las mujeres víctimas de violencia, favorece a presuntos agresores mediante omisiones, resoluciones controvertidas y prácticas de revictimización.
En un pronunciamiento dirigido al Gobierno de México, al Gobierno de Quintana Roo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de las Naciones Unidas, ambas organizaciones sostienen que existe un patrón de actuación caracterizado por parcialidad, tráfico de influencias y uso discrecional de la ley, particularmente cuando los señalados mantienen vínculos políticos o económicos.
Como antecedente, las organizaciones citaron la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo, entre ellas la ampliación del mandato del presidente del Tribunal Superior de Justicia y la extensión extraordinaria del periodo de magistrados hasta 2033. A juicio de los denunciantes, esa resolución exhibe problemas estructurales que afectan la credibilidad del sistema judicial estatal.
Cinco casos que, afirman, reflejan un mismo patrón
El pronunciamiento documenta cinco expedientes que, según las organizaciones, muestran una constante de impunidad.
El primero corresponde a Lucero Ojeda Pérez, quien denuncia ser víctima de violencia vicaria e intento de feminicidio. Las organizaciones aseguran que mientras las denuncias promovidas en su contra avanzan con rapidez, las investigaciones contra su presunto agresor, identificado como Vicente de Jesús Franco Reyes, exfuncionario estatal y actual coordinador de Morena en Puerto Morelos, permanecen sin avances. También sostienen que el caso pone a prueba la aplicación de la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia.
El segundo caso es el de Grisel, cuyo exesposo, Ernesto “N”, fue vinculado inicialmente a proceso por violencia vicaria. De acuerdo con el pronunciamiento, esa resolución fue revocada posteriormente por el entonces magistrado Carlos Alejandro Lima Carbajal, decisión que permitió la libertad del imputado mientras la denunciante perdió la custodia de su hijo y enfrenta procesos penales.
En el expediente de Yamile Moisés, las organizaciones sostienen que la denunciante fue vinculada a proceso por un supuesto robo sin que existieran pruebas suficientes y con violaciones al debido proceso. Añaden que el sistema judicial permitió que el presunto agresor mantuviera contacto con menores de edad, pese a peritajes que advertían afectaciones psicológicas y riesgo para las infancias.
Otro de los casos citados es el feminicidio de Agostina Jalabert, donde las organizaciones afirman que la Fiscalía inicialmente clasificó la muerte como suicidio pese a la existencia de indicios de violencia. Según el documento, esa actuación permitió la fuga del principal sospechoso, Juan Manuel Revertier, quien continúa prófugo aun cuando la investigación fue reclasificada posteriormente como feminicidio.
Finalmente, se refiere el caso de una mujer de Tulum que denunció por violencia familiar al entonces funcionario municipal Lorenzo Bernabé “N”. Aunque inicialmente fue vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva, posteriormente obtuvo un amparo que le permitió recuperar la libertad.
Exigen investigaciones y sanciones
Las organizaciones demandaron la revisión inmediata del desempeño de ministerios públicos, jueces y magistrados involucrados en estos expedientes, así como la aplicación de sanciones administrativas y penales cuando existan actos de corrupción, tráfico de influencias u omisiones.
Asimismo, solicitaron que el Instituto Electoral de Quintana Roo y los partidos políticos impidan el acceso a cargos públicos de personas agresoras mediante la aplicación efectiva de la Ley 3 de 3 contra la violencia.
También exigieron el cese del hostigamiento judicial contra Lucero, Grisel y Yamile; la reactivación de las investigaciones contra quienes señalan como sus agresores; y que las autoridades federales impulsen los mecanismos internacionales para localizar y extraditar a Juan Manuel Revertier, señalado como presunto responsable del feminicidio de Agostina Jalabert.
En su posicionamiento, Maya Sin Fronteras y el OCNF concluyen que “la violencia institucional también es una forma de violencia” y sostienen que el sistema de justicia de Quintana Roo se ha convertido, desde su perspectiva, en un mecanismo que garantiza impunidad para quienes ejercen violencia contra las mujeres. Hasta el momento de la emisión del pronunciamiento, las organizaciones hicieron públicas estas acusaciones y solicitaron la intervención de instancias nacionales e internacionales; las autoridades señaladas no habían fijado una postura conjunta sobre los señalamientos contenidos en el documento.
