Mazatlán sigue pagando facturas del Químico Benítez; Tribunal ordena indemnizar con 13.6 mdp a Grupo Venados
Clausura del Estadio Teodoro Mariscal en 2018 terminó en una condena millonaria para el Ayuntamiento; el adeudo podría rebasar los 20 millones de pesos si no se liquida o negocia a tiempo.
Mazatlán, Sinaloa | 14 de julio | Mario Martini
Ocho años después del conflicto que enfrentó al Ayuntamiento de Mazatlán con el club Venados, las decisiones tomadas durante la administración del entonces alcalde Luis Guillermo Benítez Torres siguen teniendo consecuencias para las finanzas públicas.
La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa ordenó al Ayuntamiento cubrir una indemnización de 13 millones 631 mil 174 pesos a favor de Espectáculos Costa del Pacífico, empresa operadora de los Venados de Mazatlán, por los daños ocasionados tras la clausura de las taquillas y el corte de los servicios de agua potable y drenaje en el Estadio Teodoro Mariscal, ocurridos en noviembre de 2018.
La resolución representa uno de los pasivos legales más importantes heredados por aquella administración y vuelve a colocar sobre la mesa el costo económico que pueden generar decisiones administrativas consideradas ilegales por los tribunales.
Una factura que sigue creciendo
De acuerdo con la resolución judicial, el monto se integra por:
- 6 millones 139 mil 983 pesos por daños directos.
- 5 millones 145 mil 61 pesos por intereses acumulados.
- 2 millones 346 mil 129 pesos por perjuicios derivados de las ganancias que la empresa dejó de percibir durante la afectación.
Sin embargo, la cifra podría incrementarse. La regidora Maribel Chollet Morán advirtió que, debido a las actualizaciones calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el pasivo podría superar los 20 millones de pesos si el municipio no alcanza un convenio o cumple oportunamente con la sentencia.
Tres días para cumplir
El Ayuntamiento ya fue notificado formalmente del fallo y dispone de tres días hábiles para cumplir con la resolución o presentar una alternativa legal que permita atender el mandato judicial.
En Cabildo ya se analiza la viabilidad presupuestal para cubrir la obligación, mientras la Tesorería y la Dirección Jurídica evalúan las opciones disponibles para evitar un escenario de desacato.
De incumplirse la sentencia, el Tribunal podrá imponer multas, medidas de apremio e incluso sanciones contra los funcionarios municipales actualmente en funciones, independientemente de que los hechos que originaron el litigio correspondan a una administración anterior.
¿Habrá responsabilidades?
Aunque la sentencia únicamente obliga al Ayuntamiento al pago de la indemnización, el caso reactivó el debate sobre las responsabilidades de quienes provocaron el daño patrimonial.
La propia regidora Maribel Chollet sostuvo que durante la administración del Químico Benítez existieron omisiones jurídicas y una deficiente defensa legal, factores que terminaron por hacer perder definitivamente el juicio.
El Cabildo analiza ahora la posibilidad de promover acciones legales para determinar si existieron responsabilidades administrativas, civiles o incluso penales por las decisiones y omisiones que derivaron en la condena económica.
Hasta el momento, no existe una sanción específica contra ex funcionarios relacionada con este litigio, aunque el exalcalde Benítez Torres enfrenta otros antecedentes judiciales por presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gobierno.
Contexto P23
El caso ilustra una constante en la administración pública: las decisiones ilegales rara vez desaparecen cuando concluye un gobierno; simplemente cambian de destinatario la factura.Pero el tiempo descubre complicidades y modus operando.
Aunque la mala defensa jurídica inició en el gobierno del panista Carlos Felton, a la administración del Químico Benítez Torres le tocó pagar una indemnización de 111 millones de pesos al Grupo Areh, de la que se convirtió en su principal promotor, a pesar de que había recursos jurídicos por agotar, según lo declaró la entonces Síndico Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño. Mazatlán terminó pagando una cantidad millonaria en dinero y bienes del Ayuntamiento.
Hoy no será la administración que ordenó cerrar las instalaciones del estadio la que pague directamente la indemnización, sino el Ayuntamiento actual y, en consecuencia, todos los mazatlecos.
El reto para el gobierno municipal no sólo consiste en cumplir una sentencia judicial, sino en determinar si el daño patrimonial puede ser resarcido por quienes, con sus actos u omisiones, provocaron que el municipio enfrente una obligación millonaria que compromete recursos públicos destinados a servicios y obra social. ¿ tres que deben pagar los responsables? Opina.
