Entre 40 y 60 mdd, precio de la extorsión narca-
Valentina Ramírez | Paralelo 23 | Economía & Seguridad
En los mapas corporativos de la minería global, Sinaloa aparece marcado con tinta canadiense. No es un trazo menor ni reciente. Bajo la sierra y los valles del sur y el norte del estado se concentran proyectos que, en papel, representan más de mil 800 millones de dólares en inversión minera canadiense, una cifra que explica por sí sola por qué el territorio se volvió codiciado más allá de los mercados formales.
El capital se agrupa, principalmente, en dos proyectos estratégicos. En Choix, el proyecto Santo Tomás, de la canadiense Oroco Resource Corp, perfila una inversión cercana a los mil 488 millones de dólares para la explotación de cobre a gran escala. Al sur, en Concordia, el proyecto Pánuco, operado por Vizsla Silver Corp, suma alrededor de 300 millones de dólares comprometidos para la extracción de plata y oro.
Las cifras colocan a Sinaloa como uno de los enclaves mineros más relevantes para Canadá en México. Pero fuera de los informes técnicos y las presentaciones a inversionistas, el negocio dejó de ser solo geología y finanzas. Entró en otra lógica.
La mitad del negocio
Cuando el crimen organizado exigió “la mitad de las utilidades”, no hablaba de inversiones hundidas ni de proyecciones lejanas. En el lenguaje de la extorsión minera, la referencia es directa: el flujo de dinero que deja la operación cuando la mina produce.
En proyectos metálicos de este tamaño, los márgenes netos suelen oscilar entre 20 y 35 por ciento de los ingresos anuales en escenarios estables. Bajo estimaciones conservadoras, una operación como Pánuco puede generar utilidades anuales de entre 80 y 120 millones de dólares una vez alcanzada su fase madura.
La mitad de ese monto —lo exigido— equivale a entre 40 y 60 millones de dólares al año, es decir, hasta mil millones de pesos anuales. No como pago único, sino como renta sostenida. Un impuesto criminal sin recibo, sin ley y sin contraprestación.
Territorio en disputa
Para las empresas, la ecuación se traduce en riesgo operativo, seguros más caros, ajustes de personal y advertencias a sus accionistas. Para el territorio, el significado es otro: la conversión del subsuelo en botín y del trabajo minero en rehén.
La minería canadiense en Sinaloa no solo enfrenta vetas profundas y retos técnicos. Se mueve hoy en una frontera donde el capital global, la violencia local y la ausencia efectiva del Estado convergen. Allí, la pregunta ya no es cuánto vale el mineral, sino quién cobra por permitir que salga de la tierra.
Y en esa disputa, la mitad del negocio deja de ser una cifra abstracta para convertirse en un síntoma: el de una economía criminal que ya no se conforma con extorsionar, sino que aspira a administrar la renta.
Termómetro
El proyecto Santo Tomás ha sido presentado por autoridades estatales y municipales como un posible detonador económico para la región, por la generación de empleos directos e indirectos y la atracción de infraestructura. Al mismo tiempo, ha generado cuestionamientos sobre impacto ambiental, uso de agua y la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones de seguridad y gobernabilidad en zonas serranas.
La combinación de ambos proyectos refleja el doble filo de la minería en México: por un lado, inversión extranjera de gran escala y potencial económico; por el otro, riesgos operativos, sociales y de seguridad que influyen directamente en la continuidad de las operaciones.
En este escenario, la evolución de los proyectos en Concordia y Choix será un termómetro clave para medir el futuro de la minería canadiense en el país
