En los mapas corporativos de la minería global, Sinaloa aparece marcado con tinta canadiense. No es un trazo menor ni reciente. Bajo la sierra y los valles del sur y el norte del estado se concentran proyectos que, en papel, representan más de mil 800 millones de dólares en inversión minera canadiense, una cifra que explica por sí sola por qué el territorio se volvió codiciado más allá de los mercados formales.
Lo que autoridades han presentado como un hallazgo acotado —10 cuerpos localizados en fosas clandestinas, cinco de ellos presuntamente identificados como trabajadores de una minera canadiense secuestrados y 2 que reconoce con modestia la fiscal de Sinaloa, desplazada de la investidura “madre”— podría ser apenas la orilla visible de un crimen de mayor escala.
En la prensa canadiense, el nombre de Concordia, Sinaloa, no irrumpe como tragedia humana sino como alerta corporativa. No es el municipio ni las familias ni el vacío que dejan los cuerpos. Es el lugar donde una empresa con sede en Vancouver tuvo un “security incident”.
